Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años.
El Rincón de Góngora
Educación
25 Marzo 2015
Alias docente del Siglo XXI, porque si espera le vengan a salvar... ya está colgado de un palo. Y no de ahora, no es el primer caso de agresión a un docente o sanitario que se archiva o que es ocultado por la Direction.
Cuestión a tener en cuenta en las próximas elecciones 23Mayo. Recuperación de competencias en Sanidad, Educación y Seguridad de los Cuerpos del Estado Español; y sobre todo, que se cumpla la Ley en todos los aspectos con una Alta Inspección favorable al Estado Español.
Por los menos a los funcionarios públicos que se prometen a la Constitución y son funcionarios de Carrera por el Gobierno de España, o todos o ninguno¡¡¡
El Código Penal amplía
los funcionarios protegidos como autoridad pública:
En los últimos cinco
años se han contabilizado más de 2.000 agresiones a médicos en toda España. En
ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos
ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la
Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La
aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el
jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando
trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de
cárcel.
Una enmienda al
artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra
funcionarios sanitarios y educativos, algo que la jurisprudencia ya venía
recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y
pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios
docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y
165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de
fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados
públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.
Juan José Rodríguez
Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como “el logro más
importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los últimos
datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio
Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia
Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras
trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas
fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas
sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado.
Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla
y León— han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra,
coordinador del Observatorio.
Becerra dice estar
contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias
ante una agresión a un médico van a ser tratadas de forma homogénea,
considerándolas delito y con pena de cárcel para el agresor. Y disgustado
porque “se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley específica” que
incluyera también las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. “No
incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al
médico”, señala.
No solo los sanitarios
quedarán más protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008
que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales.
Así lo estableció en una circular para las fiscalías de toda España. Ya distintas
comunidades autónomas han impulsado normativas para proteger a los docentes
públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad
Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a
directores y profesores como “autoridad pública” y reconoce que su testimonio
prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.
El cambio en el Código
Penal apuntala así una realidad que ya se venía reconociendo. “En los últimos
años se han producido un gran número de sentencias en las que se ha condenado
por el delito de atentado a padres y alumnos”; señala la abogada Carmen Perona
en su libro Práctica docente. El Derecho en defensa de tus derechos, publicado
por CC OO.
“Ser autoridad en el
Código Penal supone también responsabilidades. Si un docente da un cachete, por
ejemplo, se considerará ahora delito de lesiones. Dirigirse a un alumno con un
‘¡Cállate, gordito!’ era una amonestación administrativa y ahora es un delito
contra la dignidad de la persona”, explica Perona. Para Nicolás Fernández
Guisado, presidente del sindicato educativo ANPE, el cambio es “importante pero
no suficiente”. “Hay que mejorar los protocolos de intervención e implicar a
profesores, familias y autoridades. Hacer pedagogía y evitar estos casos”.
Publicado en El País
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